Una crisis capitalista

Un 38,9% de los jóvenes entre los 16 y los 19 años (1) está en riesgo de pobreza, según los datos de Eurostat correspondientes a 2018. Solo nos superan Grecia, Rumanía y Serbia. Este dato no forma parte del discurso de los partidos. Tampoco se le dedica tiempo de debate en los programas de máxima audiencia de la mañana. Ni se discute en los de la noche. Es un dato que, como mucho, se esconde entre las páginas de los periódicos. El hábito de esconder define el estado de la información y la comunicación. Hace unos días los trabajadores del centro de primera acogida de Hortaleza en Madrid sacaron un comunicado por el lanzamiento de una granada en el interior del edificio. En este comunicado denunciaron la masificación de adolescentes y jóvenes desde hace cuatro años y el estrés de los trabajadores por las condiciones precarias en las que trabajan. La situación del centro era conocida por la Comisión de Tutela del Menor, la Dirección General de la Familia y el Menor y, por supuesto, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sin que hayan hecho nada al respecto. Era conocida y ocultada a la opinión pública.

Ahora que está tan de moda la defensa de la constitución por la cuestión catalana, podríamos poner en primera línea del debate el persistente incumplimiento por parte del gobierno y de las comunidades autónomas de artículos como el 39 que dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Los incumplimientos son diversos. Desde el 15 referido al derecho a la vida y a la integridad física y moral hasta el 47 referido a la vivienda digna y adecuada. Eso sin contar el incumplimiento de normativas europeas como las referidas al asilo: el reconocimiento de la protección, las condiciones de recepción de solicitantes y los procedimientos de asilo, o a la desigualdad y la pobreza. El problema de esta constitución no es ya el contexto en el que fue redactada y la imposición del modelo de estado sino que no se cumple. Los menores del Centro de Hortaleza están desprotegidos por las autoridades autonómicas y por el gobierno español, y nos enteramos de esto porque han lanzado una granada contra el centro.

No es solo una cuestión del centro de Hortaleza sino que afecta a los servicios sociales generales, centros de salud mental y otras instituciones públicas de protección al menor y la familia, así como organizaciones sociales privadas. Las autoridades generan contextos de desprotección y riesgo que los trabajadores del ámbito social intentan paliar con pocos recursos. Es difícil explicar que en un centro con 35 plazas, haya llegado a acoger a 100 personas. Solo se explica si se mira hacia otro lado y por esto se debe exigir una responsabilidad no solo política sino penal por maltrato institucional. No es una nimiedad. No es un error. Los responsables políticos construyeron contextos singularizados por recursos insuficientes, estrés laboral, hacinamiento, condiciones laborales precarias e incumplimiento de los derechos del niño y la niña. Ellos decidieron. Cada mañana acuden a sus despachos sabiendo la situación en la que se encuentran los centros de protección y no hacen nada.

Esta es la realidad que se oculta y que no formará parte del debate intenso de los contertulios sabelotodo que nos dan clases magistrales desde los platós de televisión. Tampoco se cuestionará la existencia de este tipo de centros ni se discutirán alternativas más respetuosas y dignas con las personas. Ni se hablará de la influencia de las condiciones laborales precarias y del desempleo, de las situaciones de pobreza, que afectan a las familias, ni de las dificultades de los padres para atender a sus hijos e hijas por ser el trabajo el eje vertebrador de la sociedad. Vivimos para trabajar y no para cuidar a las personas que están a nuestro lado. Y nadie, ninguno de esos contertulios pedantes vinculará esto con el desarraigo de muchos de los jóvenes, con la agresividad acumulada y la sumisión al imperio del yo. Ni con los padres sobrepasados e incapaces de conectar emocionalmente con sus vástagos. Una crisis sistémica de los cuidados. Una crisis puramente capitalista.

(1) Youth Social Inclusion/ People at risk of poverty or social exclusion by age and sex/Age Class: From 16 to 19 years.