La comparecencia del ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, ofreciendo una nueva versión sobre lo ocurrido en la frontera de Ceuta, donde han muerto al menos 15 personas, es paradigmática de la insensibilidad, prepotencia y soberbia de un gobierno donde los derechos de las personas, en general, los tratan con desdén y los de las personas inmigrantes, en particular, con indiferencia.
La estrategia del ministro ha ido de la mano de la justificación de las mafias de inmigrantes, como culpables de poner en peligro a las personas inmigrantes, que sirve a su vez para exculpar la actuación de una Guardia Civil que ha actuado de manera imprudente, que ha usado material antidisturbios contra personas en situación de riesgo, como es estar en el mar, por la noche, con flotadores poco fiables y recibiendo disparos de balas de goma a su alrededor (o directamente contra ellos, como así lo atestiguan supervivientes de la agresión). Para el ministro esto es usar la fuerza de forma disuasoria.
Una Guardia Civil que ni siquiera avisó a salvamento marítimo para que actuaran en una situación de evidente riesgo para la vida, como las lamentables muertes se encargan de subrayar, en claro delito de omisión de socorro. Una Guardia Civil que ha practicado la devolución en caliente de manera ilegal, contraria a la ley que dicen proteger. Una Guardia Civil que ha elaborado un vídeo, editado de manera tramposa, para culpabilizar a las personas inmigrantes de los sucedido.
El ministro de interior intenta salvar la cara de la Guardia Civil porque la dinámica de actuación en la protección de las fronteras es la que es y recibe el apoyo de las más altas instancias. Además de que resulta coherente con la nefasta política de inmigración europea que lleva a la muerte a decenas de personas, no solo en Ceuta sino también en lugares como Lampedusa.
No son unas manzanas podridas, como ha venido a decir Rosa Díez en su interpelación al ministro. Es una política concreta avalada por los gobiernos europeos y español, que ponen en práctica los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Aunque estas políticas vayan en contra de las leyes, en muchas ocasiones, y de los derechos humanos, en la mayoría de los casos. Es, por lo tanto, una política de estado.
La dimisión del ministro del interior y del director de la Guardia Civil, además de depurar responsabilidades dentro de los mandos del cuerpo, sería lo lógico pero no sería suficiente. Las políticas de inmigración europeas se asientan en la idea de la persona inmigrante como una amenaza, como un riesgo, y se le asocia a la delincuencia o a la inestabilidad, se difunden imágenes estereotipadas que ayudan a asentar esta visión y se proclama la necesidad de defendernos de la inmigración masiva. Si no se cambia esta mentalidad, no cambiara nada.
Mientras tanto, los responsables políticos y policiales son los responsables de la aplicación de políticas y medidas que matan y se convierten, por tanto, en responsables directos de cada una de las muertes producidas en las fronteras de la Unión Europea. Escuchar a un ministro aludir a la agresividad de las personas inmigrantes y a su complexión atlética para justificar la violencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado provoca vergüenza ajena pero, a la vez, indica cómo los políticos del gobierno han perdido toda conciencia del bien y del mal y la perversión de los gobiernos de este sistema.
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 