Probablemente la democracia no es suficiente. No es suficiente crear mecanismos de participación para que gobiernen los mas. Imaginemos que en una democracia representativa una mayoría de los votantes decide implantar la pena de muerte o la utilización de la tortura. ¿Sería una decisión democrática? Si nos atenemos a la opción supuestamente mayorítaria podríamos concluir que sin duda, pero el mero hecho de que una mayoría lo apoye, en ocasiones representando un 30% o menos de la población total, ¿lo convierte en una decisión legítima? ¿Sería democrático que una parte de la población mantuviera cautiva a la mayoría? Imaginemos que en una democracia representativa una mayoría elige a unos representantes responsables y participantes en casos de corrupción. Una mayoría de votantes pero una minoría en relación al total. Un grupo homogéneo, blindado, leal, pase lo que pase, hagan lo que hagan, fieles a una idea de hacer política, que representa una historia idealizada, en la que hay unos ganadores y unos perdedores y en la que quieren seguir formando parte de los primeros. Un grupo impermeable a las pruebas de latrocinio, prevaricación y nepotismo que priorizan el «son de los míos» a la justicia de los delitos cometidos. Un grupo que prefiere parar la emergencia de enemigos imaginarios, como el comunismo, a castigar a aquellos que les han engañado, defraudado y robado. La existencia de un grupo amplio de personas que piensan y actúan de esta manera es un indicador del fracaso de la construcción democrática. Se introduce un voto en una urna o, simplemente, se hace uso de mecanismos de decisión colectiva, de participación democrática, sin principios fundamentales que van más allá de la propia democracia.
Probablemente consensuar cuáles serían esos principios fundamentales que deberían guiar la acción democrática sería una de las tareas imprescindibles de una sociedad que aspirara a la participación directa de las personas que la conforman. La Declaración Universal de Derechos Humanos sería un buen punto de partida. La asunción de estos principios evitaría que un grupo homogéneo y sólido pudiera aprobar leyes que atentaran contra derechos básicos, que avalaran las torturas, la discriminación o, simplemente, evitaría aupar al poder a políticos o a partidos involucrados en casos de corrupción. Ante la ausencia de estos principios, en estados como el español es factible que políticos corruptos puedan aspirar a ser los alcaldes de su ciudad o pueblo, los presidentes de su comunidad y del propio estado. De esta manera, la limitada interpretación de la democracia, reducida a la mayoría que gana la votación, favorece la propia perversión del sistema. Los políticos deshonestos, que son legión en un contexto que les privilegia, pueden alcanzar el poder manteniendo cohesionados a sus votantes, manipulándoles emocional e ideológicamente gracias a que apenas existe resistencia a ser manipulados. Es tan sencillo dar con la tecla que asegure el apoyo de los creyentes que un simple ETA, regimen bolivariano, socialismo, populismo, comunismo o radicalismo es suficiente. Mensajes simples que se convierten en mantras indiscutibles como cuando gobierna la izquierda en España, funde el país y luego tiene que venir el PP para arreglarlo. El miedo a los otros [comunistas, socialistas, anarquistas o la izquierda en genérico], abonado durante 40 años, sigue siendo la gasolina que condiciona las decisiones políticas de muchas personas.
La cuestión está en que los votos no están sostenidos por principios fundamentales por lo que un ladrón puede ser alcalde de una ciudad en varias legislaturas sin que pase nada, a pesar de que se conozca qué robo, cuándo y cómo. Si lo criticas, alguien te dirá que la mayoría le voto por lo que tienen un respaldo democrático. Esta afirmación me parece cuestionable. La gobernanza de partidos y de políticos corruptos amenaza directamente a la democracia. Es la perversión de una idea. La sociedad que está dirigida por ladrones está enferma y permanecer inmóvil ante esta situación es una manera de mantener al paciente agonizando. Los votos que mantienen o elevan a un corrupto al poder pretenden maniatar al resto de la población por lo que una de las obligaciones de los cautivos es liberarse de las cadenas. Una minoría de la población, que actúa como un bloque, no puede imponer decisiones que atentan contra la democracia o contra los derechos humanos. La ausencia de principios no puede provocar que el acceso al poder de políticos corruptos provoque el silencio de la mayoría. La desobediencia civil es una obligación moral de defensa de una sociedad democrática. La elección de políticos mezclados en casos de corrupción debe ser contestada activamente por la ciudadanía. No hacerlo es transigir, aceptar que la democracia es solo una cuestión de números, un porcentaje de votos. Y es que si transigimos y no tenemos principios comunes que funcionen como base de nuestras decisiones, ¿para qué queremos una democracia como esta?
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 