Qué fácil es matar en la democracia versión capitalista

Eso que el capital llama democracia y es comercializado por todo el mundo como producto exportable con muchas ventajas es responsable de las muertes de miles de personas que pretenden acceder a un país para mejorar sus condiciones de vida. 

Un derecho humano que debería ser protegido y regulado racionalmente es origen de políticas contrarias a los derechos fundamentales y que derivan en privación de libertad, torturas y muerte. Los ministros de interior europeos que han aplicado estas políticas, y los gobiernos que estaban detrás, son responsables directos de este drama. 

Si estas políticas fueran la medida de la implantación del fascismo en las autollamadas democracias europeas el resultado sería claro. El fascismo está inserto hasta el tuétano. Y la argumentación fascista asumida por un número amplísimo de ciudadanos que se han dejado embaucar por la propaganda gubernamental y el espantajo del miedo y de la invasión. 

El antifascismo no solo consiste en luchar contra las organizaciones de la ultraderecha, herederas de la ideología fascista y el nazismo. El antifascismo consiste también en identificar discursos y narrativas que atentan contra los derechos básicos de las personas, barnizados de una falsa responsabilidad y una inexistente necesidad, y que se cuelan fácilmente en los planteamientos de a pie de calle de aquellos que compran, de manera acrítica, las consignas ideológicas de los partidos empotrados en el sistema. 

La muerte de al menos nueve personas que pretendían entrar en Ceuta son un ejemplo de las implicaciones prácticas de ciertos planteamientos ideológicos. Las fronteras y su protección han servido para la militarización de los límites y la creación de no ciudadanos, de personas sin derechos, fáciles de maltratar o matar.

La lógica de las políticas de inmigración hace que se permita utilizar cualquier método para evitar la entrada al país, ya sea unas cuchillas mortales o disparar ciegamente balas de goma a personas que están nadando en el mar, con los resultados mortales que ya conocemos. 

No hay justificación alguna para el que aprieta el gatillo, y mucho menos la ya sobada excusa de obedecer las órdenes superiores, y tampoco la hay para los mandos inmediatamente superiores y sus jefes ministeriales y del gobierno, que son los planificadores de las políticas asesinas y de los métodos para llevarlas a cabo. 

La dimisión sería un avance, aunque en el contexto español actual una entelequia, al igual que el procesamiento judicial de los responsables, pero el único cambio posible es la reflexión sobre las políticas de inmigración en la Unión Europea y su modificación, junto con el respeto a los derechos humanos y al derecho de cualquier persona del mundo a instalarse en cualquier país en busca de una nueva oportunidad.

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