Un plan perfecto: el expolio planificado en el estado español

No hay día que pase sin que el gobierno del estado saque una medida impactante que suponga un deterioro de los derechos que hasta el momento se tenían. La agresión es constante. Y está planificada. La reforma laboral, la reforma de las pensiones o la reforma de la ley del aborto no son tales. 

Si nos atenemos a la definición de la RAE de reforma: aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo, ninguna de las reformas aprobadas por los ministros de Rajoy suponen una mejora o una innovación. El anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada es un ejemplo de ello. 

La ley de Gallardón, además de restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo, se desarrolla sin que exista una demanda de la sociedad, excepto por parte de sectores religiosos muy minoritarios pero de marcado carácter ultra y sectario. Este anteproyecto es un retroceso. 

De la misma manera que la reforma laboral ha significado un deterioro de los derechos de los trabajadores o la reforma de las pensiones suponen un empobrecimiento de sus receptores. Igual que el rechazo a medidas que supongan actuar contra la pobreza energética. Así como la ley de reforma de la Administración Local que recortará 3.500 millones en servicios sociales.

Mientras tanto, el partido del gobierno y una gran parte de sus dirigentes están envueltos en asuntos irregulares y casos de corrupción. Los mismos que apoyan y defienden las medidas dirigidas a reducir o eliminar derechos son protagonistas de hechos poco decorosos, política, judicial y socialmente, pero aún así se arrogan de autoridad moral para decir al pueblo lo que es bueno para ellos.

No tienen pudor en criminalizar a aquellos que defienden un modelo público más justo socialmente mientras participan de los beneficios que les depara el entramado delictivo en el que se mueven. Da igual cómo se llamen. Da igual que sean Blesa, Aznar, Rajoy o Botín. Todos ellos consideran que lo que hacen no es delito sino que, por el contrario, obtienen lo que les pertenece. Y sí, esos que se ven, allí, a lo lejos, son un estorbo.

La agresión contra el pueblo es sistemática. Pero parece que no es suficiente. Y así estamos, testigos del expolio la mayoría, contestatarios solo unos pocos. Veremos cuál es el límite de pueblo. Si es que lo tiene.

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