La lectura del informe de Nils Muiznieks, comisario de los derechos humanos del Consejo de Europa, sobre el estado de los derechos humanos en el estado español deja en evidencia el sistema en que vivimos. Las recomendaciones finales nos muestran a las claras la naturaleza del actual gobierno. El comisario insta al gobierno a erradicar la impunidad que existe ante las graves violaciones de derechos humanos que se producen. Para ello deben existir políticas y prácticas dirigidas a prevenir y combatir cualquier cultura institucional, dentro o fuera de las autoridades policiales, que promueva la impunidad. Añade que estas medidas deben incluir una política de tolerancia cero ante las graves violaciones de derechos humanos, que debe ser respetada por todas las autoridades policiales. También políticas de lucha contra la corrupción y el establecimiento de mecanismos de control y de una formación adecuada. Ademas insta a que se tomen medidas para sensibilizar a jueces y fiscales de que tienen el deber de investigar a fondo las denuncias de malos tratos sobre funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Estas son las recomendaciones:
1. Condenar firme y públicamente todos los casos de malos tratos y abusos cometidos por agentes del orden bajo custodia policial y durante las operaciones, en las que se incluyen las manifestaciones. Esto es crucial para luchar contra la impunidad y fortalecer la confianza pública en el trabajo de las autoridades policiales.
2. Abolir la práctica de la detención en régimen de incomunicación, la cual puede generar más violaciones de los derechos humanos. Además se debe procurar que los presos sean visitados por un médico de su elección, que puedan notificar a sus familias el paradero y el motivo de la detención y tener video vigilancia las 24 horas así como la grabación en las áreas de internamiento. También insta a que se prohiba expresamente la detención en régimen de incomunicación de menores. Y por último, poner fin a la práctica de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de ocultar su identidad durante los interrogatorios. Esta práctica impide que las denuncias de malos tratos sean investigadas adecuadamente y, de esta manera, se siga manteniendo la impunidad.
3. Combatir enérgicamente el comportamiento discriminatorio de miembros de las fuerzas del orden y garantizar que cualquier mala conducta por motivos raciales se investigue de manera efectiva y se castigue adecuadamente. Las autoridades nacionales tienen la obligación de investigar los posibles motivos racistas que hay detrás de la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando haya indicios de la existencia de tales motivos. Además debe proporcionarse formación continua y sistemática a los miembros de las fuerzas de seguridad sobre el respeto a la diversidad y a los principios de igualdad y no discriminación.
4. Adoptar, con carácter prioritario, normas claras y vinculantes sobre el uso proporcional de la fuerza por agentes del orden público en el contexto de las manifestaciones, y en particular sobre el uso de armas que disparan proyectiles. Se debe proporcionar formación continua a los agentes del orden en el uso de estas armas respetando los principios de oportunidad, proporcionalidad, moderación y mínimo daño.
5. Asegurar que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son fácilmente identificables con el fin de facilitar el enjuiciamiento y la sanción de los autores de abusos. Se debe garantizar que los números de identificación de los miembros de las unidades antidisturbios también se coloquen en la parte delantera de su uniforme, en sus cascos y en otras partes del equipo, con el fin de garantizar que sean visibles en todas las circunstancias .
6. Garantizar que las actividades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el contexto de manifestaciones no infrinjan los derechos de libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. Además indica que la obligación de notificación no debe constituir en ningún caso un obstáculo para el goce efectivo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión.
7. Poner fin a la práctica de conceder el indulto a los miembros de las fuerzas del orden que cometan graves violaciones de derechos humanos tales como la tortura. Esta es una práctica que sabotea los esfuerzos para combatir la tortura y los malos tratos y corroe los principios fundamentales del estado de derecho. Además se debe reforzar y sistematizar la formación continua de los jueces y de los fiscales en la necesidad de tomar medidas enérgicas para mantener la prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos. Tales delitos siempre deben ser juzgados y castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad .
8. Para que una investigación sobre posibles malos tratos sea eficaz debe cumplir con los siguientes cinco principios:
(a) la independencia: no deben existir conexiones institucionales o jerárquicas entre los investigadores y los funcionarios demandados y debe haber independencia en la práctica;
(b) la adecuación: la investigación debe ser capaz de reunir pruebas para determinar si el comportamiento de la policía fue ilegal e identificar y sancionar a los responsables;
(c) la rapidez: la investigación debe llevarse a cabo con prontitud y de manera expedita, a fin de mantener la confianza en el imperio de la ley;
(d) el escrutinio público: los procedimientos y la toma de decisiones deben ser abiertos y transparentes con el fin de garantizar la rendición de cuentas;
(e) La participación de la víctima: el denunciante debe participar en el proceso de la denuncia con el fin de salvaguardar sus intereses legítimos.
Ahora está la pelota en el tejado del gobierno pero si nos atenemos a sus formas y comportamientos en esta legislatura no creo que podamos ser muy optimistas. Los derechos humanos y la derecha española no han ido nunca de la mano. Esto es historia.
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 