El gobierno decretó la plena libertad de conciencia y culto, suprimió la obligatoriedad de los actos confesionales de los días festivos en los cuarteles y los honores al Santísimo Sacramento y disolvió los cuerpos eclesiásticos del ejército y las órdenes militares, acabó con las exenciones tributarias de la iglesia y obligó al registro de los bienes fundacionales de las capellanías privadas, secularizó los cementerios e hizo laborables el jueves y viernes santos, cambió el juramento emitido al aceptar un acto público por la promesa, prohibió a los gobernadores provinciales su intervención oficial en actos religiosos, privó de reconocimiento oficial a la Confederación Católico-Agraria y excluyó a los prelados del Consejo de Instrucción Pública. Además, decidió la voluntariedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la exigencia del título oficial de maestro para trabajar en ellas, medida que afectó a las órdenes. En los centros oficiales los educadores podían ahora negarse a impartirla y se retiró el crucifijo de las aulas con alumnos no católicos.
Si los curas y frailes supieran…Una Historia de España escrita por Dios y contra Dios
por Javier Figuero
82º aniversario de la 2ª República
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