El artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El artículo 4º de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes conmina a los Estados a que:
1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.
2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.
¿Y qué es lo que hace el gobierno español ante casos probados, juzgados y condenados de tortura infringida por funcionarios públicos? Indultar a los torturadores. No una vez sino dos a pesar de la negativa de la Audiencia de Barcelona a permitir que los torturadores eludieran su ingreso en prisión por la gravedad de sus delitos: torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato. De esta manera, el gobierno español da cobertura ante los ojos del mundo a la acción delictiva impropia de un funcionario público en un estado de derecho que entre sus obligaciones está velar por la integridad física y mental de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. Los policías son conscientes de que hagan lo que hagan recibirán el respaldo de sus superiores, su apoyo incondicional, con el objetivo de evitar una condena como, en este caso, recibieron del Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, que les ofreció el apoyo institucional y emocional a cuatro agentes anímicamente destrozados. De la víctima ni una palabra ni apoyo institucional ni emocional. El mensaje es rotundo: policía, puedes extralimitarte en tus funciones porque haremos lo que sea para evitar que sufras represalias, saltaremos por encima de la democracia y de la justicia para defenderte. No estamos hablando de que el gobierno español tome las medidas adecuadas para evitar el maltrato y la tortura cometida por la policía, como los informes de Amnistía Internacional vienen demandando desde mediados de los 80, sino que estamos hablando de apoyar y bendecir desde las instituciones de gobierno las violaciones de derechos humanos. A la vista de todos, con luz y taquígrafos.
Tengamos memoria y recordemos a quienes torturan y a quienes les amparan:
Joan Salva Páez (Agente torturador).
Manuel Farré Muñoz (Agente torturador).
Fernando Cea López (Agente torturador).
Jordi Perissé Bresco (Agente torturador).
Jorge Fernández Díaz (Ministro de Interior).
Felip Puig (Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya).
Alberto Ruíz-Gallardón (Ministro de Justicia).
Alberto Ruíz-Gallardón (Ministro de Justicia).
Artur Mas y gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Mariano Rajoy y gobierno del Estado Español.
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 