Con el Partido Popular el Estado español no tiene remedio ni futuro

La deriva autoritaria y antidemocrática del Estado español es cada día más preocupante. Figuras con responsabilidades públicas como la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes (@ccifuentes), el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (@igonzalezPP), y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, abogan por la regulación del derecho de manifestación. Todos a una persiguen la criminalización de la contestación social desde una de las estrategias que tanto gusta utilizar la derecha rancia y antidemocrática: enfrentar los derechos individuales a los derechos colectivos, inventándose derechos como el de ir a trabajar frente al derecho de huelga o, como en este caso, enfrentar el derecho de manifestación al derecho a circular libremente. Sus argumentaciones son pura retórica, buscando cualquier resquicio legal, para restringir uno de los derechos recogidos en la constitución española. Convertir la protesta legítima y al protestante en un delincuente que atenta contra las instituciones del Estado obviando el ataque demoledor que desde dentro de estas instituciones se hace contra el estado de derecho y los derechos fundamentales de la ciudadanía. ¿Quién defiende la democracia en este país? ¿Cristina Cifuentes que sataniza las protestas, las violenta utilizando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las denuncia a través de sanciones administrativas o acusaciones hiperbólicas? ¿Mariano Rajoy que maniobra electoralmente, miente a sus votantes, desprecia al resto y recorta una a una las libertades y derechos adquiridos en las últimas décadas? ¿O los manifestantes que protestan contra el ataque furibundo del gobierno del Partido Popular a la educación, a la sanidad y a los servicios públicos o contras las políticas y medidas económicas impuestas ilegítimamente por la Troika? El Partido Popular está pasando factura a la sociedad después de 8 años de condena en la oposición tras el nefasto gobierno del aún no juzgado José María Aznar. Está imponiendo un modelo social retrógrado, imponiendo a base de decretos de ley restricciones en los derechos adquiridos, y una forma de gobierno paternalista basada en el autoritarismo, la falta de transparencia y el desprecio hacia las clases medias y empobrecidas. Junto con el fraude y la extorsión de la troika, que están sufriendo los ciudadanos de los pueblos del Estado español, nos encontramos un problema aún mayor que es la deriva fascista de un gobierno y de un Partido Popular cuya esencia política bebe directamente de las turbulentas aguas del fascismo español representado en los 40 años de dictadura franquista. Ya no les sirve el disfraz democrático con el que han engañado a millones de personas. Con ellos el Estado español no tiene remedio ni futuro.

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