Sin duda que hay que tener una pasta especial para ser miembro de las Unidades de Intervención Policial. Cualquiera no está preparado para agredir a personas de manera arbitraria y desproporcionada. No debe ser fácil pertenecer a este grupo porque se debe tener una gran fortaleza mental para levantarse por la mañana y saber que por la tarde les ordenarán cargar contra manifestantes que protestan contra el consciente, sistemático y constante deterioro de los servicios públicos, contra el fraude de la mal llamada crisis económica y por la cada vez más evidente ausencia de democracia. Está claro que ellos se creen que su trabajo es un servicio público a la sociedad, que cumplen con su deber y que son imprescindibles en un estado democrático con el monopolio del uso legítimo de la violencia. Estos mensajes deben ser constantemente lanzados por sus superiores y entre ellos mismos para reforzar lo que no es más que una ficción, un relato construido para justificar la injustificable e ilegítima violencia con la que castigan a las personas. Su violencia será legal pero no legítima. Esa violencia legal es respaldada además por los que se dicen representantes de los ciudadanos y que ocupan cargos públicos con responsabilidades. Los esperables elogios de sus superiores policiales como el Director General de la Policía, Ignacio Cosido, que ante una pregunta de un diputado le contestó que se jugaron el tipo por defender esta institución [el congreso de los diputados] y por defenderle a usted o las declaraciones de la Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, diciendo que se defendió la seguridad y la libertad no sólo de los diputados sino de toda la ciudadanía a la que representan. Estos son el tipo de mensajes que permite a los miembros de la UIP permanecer en un grupo de naturaleza y acción violenta. Es evidente que desde la violencia desproporcionada y arbitraria no se puede defender un estado democrático real ni pueden tener cabida fuerzas policiales cuya principal función es reprimir toda aquella manifestación que es percibida por los poderes como amenazantes. La disolución de los grupos violentos legales como la UIP debe ser un objetivo ineludible en la construcción de una sociedad socialmente sana y realmente democrática. Su existencia es el signo de la perversión del sistema. La defensa del gobierno de España, del Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de la Delegada del Gobierno en Madrid, la irresponsable Cristina Cifuentes, de las acciones palmariamente violentas de la policía es sonrojante y otro razón más para exigir la dimisión de este gobierno, que a medida que echa más mano de la violencia más a la deriva se encuentra. Deriva autoritaria que lleva a la policía, por órdenes del gobierno, a la sorprendente acusación a los participantes en el 25S de delitos contra el estado, que al menos han sido rechazados por la Audiencia Nacional. Las imágenes de la actuación policial están ahí para quien quiera verlas pero las consecuencias legales a los responsables es muy probable que no las veamos. Y es que tenemos como presidente a un señor que dice esto:
Un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ve pero están ahí. Son la inmensa mayoría de los 47 millones de personas que viven en España.
Un idiota dirigiendo un país [y unos cuantos millones apoyándole].
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 