Sobre la violencia del Estado

En el Real Madrid no había nada que pacificar. Esta es la frase que se ha destacado en la portada del ABC de la entrevista realizada al entrenador Carlos Ancelotti. Su imagen ha ocupado la mayor parte de la portada del diario a pesar de que el día anterior se había celebrado la mayor manifestación de los últimos años en el Estado español. Las Marchas indignadas han sido un éxito de convocatoria y de ejercicio democrático. Por el contrario, la cobertura informativa de medios como el ABC, La Razón o El País no han estado a la altura. Nada extraño. Gran parte de los medios de comunicación no hacen periodismo. Hacen política. Las líneas editoriales de la prensa escrita siguen el guión establecido para las ocasiones. Las razones por las que miles de personas salen a la calle se convierten en intranscendentes mientras se destacan las actitudes violentas de una parte minoritaria, con la idea de conformar un estado de opinión contrario a los manifestantes y a sus reivindicaciones. 

Al final el debate se reduce a si son violentos o no. De uno y otro lado se esfuerzan en demostrar una cosa u otra. Pero el gobierno juega con las cartas marcadas. Sabe que la aparición de la violencia sirve como instrumento de criminalización y de descrédito por lo que la presencia policial y su actuación represiva es una constante en cualquier manifestación y, en muchas ocasiones, no es necesario la existencia de incidentes sino que la simple presencia policial recuerda a los transeúntes, a los despistados y a los poco informados que esos de ahí son peligrosos debido al dispositivo, muchas veces, exagerado de la policía. La criminalización de la protesta y de los que protestan es una estrategia utilizada por la mayoría de los estados de cualquier signo ideológico.

Es sencillo criticar a un encapuchado tirando piedras o golpeando un furgón de policía. Algunos no se sienten cómodos ante la visión de hechos violentos y otros, seguramente, tienen sensaciones encontradas. Sí, otros los apoyarán. Pero centrar el debate de la violencia en el encapuchado es un error. Lo que se vivió en la noche del 22 de marzo en la ciudad de Madrid es una consecuencia de la agresión del gobierno del Estado por la aprobación de medidas contra las personas, la degradación de los servicios públicos, la aplicación de medidas económicas favorecedoras de los intereses de los poderosos, los desahucios, el desempleo, el desprecio a la democracia, la soberbia y la impunidad de sus acciones y forma en la que se dirigen al pueblo, la mentira instalada en el Parlamento y en cada una de las declaraciones de los dirigentes políticos del Partido Popular. 

La violencia contra las personas es prácticamente diaria y por esto no se puede analizar la violencia de un encapuchado sin analizar la generada por las políticas del gobierno. No se trata de justificar sino de entender que el contexto favorece la aparición de hechos violentos. El que genera este contexto es el gobierno por lo que también es el responsable último de la violencia. Más allá de las responsabilidades del que tira una piedra. Evidentemente, los medios de comunicación se centrarán en lo que ellos llaman violentos y pasarán de puntillas sobre las causas y el contexto en el que se desarrolla dicha violencia.

En el documental El Espíritu del 45 de Ken Loach se dice que la policía no es neutral cuando los trabajadores deciden luchar por sus derechos. Y esto es un hecho. La Unidad de Intervención Policial es un grupo al servicio del poder y es en esta crisis donde se ha evidenciado, para muchas personas, que no están para garantizar la seguridad ciudadana sino para favorecer una situación de violencia que permita al gobierno conjurar la contestación ciudadana por la vía del descrédito, conocedor de que una gran parte de la población es contraria a la existencia de hechos violentos. La participación de infiltrados policiales en las algaradas es  un elemento más que permite entender la función desestabilizadora de la policía al servicio del estado.

Las agresiones hacia los ciudadanos son más difíciles de vender que las que se ejercieron en las últimas décadas en Euskal Herria pero su venta participa de la misma lógica. Si la contestación en Euskal Herria era categorizada dentro de la lucha contra ETA, la aceptación pública de la violencia de estado era más sencilla. Con las manifestaciones producidas en los últimos años en el contexto de crisis económica se ha pretendido categorizarlas dentro de la ultraizquierda o, en algún caso reciente, de la ultraderecha. Realmente cualquier argumento que permita la criminalización es válido aunque sea contradictorio, absurdo, ilógico o inventado. Las delegaciones del gobierno han utilizado la profecía autocumplida a partir de la idea del grupo violento que viene a reventar las manifestaciones de una mayoría pacífica, lo que les ha servido para desplegar un operativo desmesurado y justificar la acción policial, siempre ajustada a la existencia de esos grupúsculos. Todo muy simple pero terriblemente eficaz.

En definitiva, la responsabilidad última de la violencia en las calles es del gobierno por la práctica de políticas contra las personas. Sus instrumentos de legitimación son los medios de comunicación afines y su instrumento de ejercicio de la violencia es la policía. En este contexto, la aparición de hechos violentos entra dentro de lo normal y estos son utilizados por los poderes para el descrédito de las protestas y para desviar la atención sobre los principales motivos por los que una persona tira piedras contra la policía, destroza escaparates o quema contenedores. 

La violencia de algunos manifestantes es contextual, no es estratégica, por lo que las derivaciones de la misma son contraproducentes. Sirve más como desahogo para muchos críticos del gobierno que otra cosa. Para algunos, entre los que me encuentro, ver a un policía caído por el golpe de una piedra nos provoca una medio sonrisa –se lo merecen– pero también cierta desazón. Esta contradicción es lógica. La medio sonrisa -o la sonrisa entera- es generada por todas las barbaridades que los miembros de la UIP han cometido [y cometen] contra manifestantes indefensos, las provocaciones, la chulería, las falsas acusaciones y cualquier otro comportamiento propio de los mamporreros. La desazón proviene de la incomodidad que genera ver actos violentos, algo que está relacionado con cierto comportamiento empático del ser humano. 

No estoy seguro de que la violencia sea una herramienta en estos momentos pero entiendo que se produzca. No me gustaría que la violencia formara parte del repertorio de acciones del movimiento de protestas pero entiendo que se produzca. Probablemente porque veo esta violencia como una respuesta a una agresión, un ejercicio de autodefensa ante unos dirigentes que viven cómodamente detrás de la pantalla de una televisión de plasma y ordenan a pobres ignorantes a apalear a aquellos que son más parecidos a ellos que diferentes. No voy a caer en la trampa de criticar al que tira una piedra porque sé quiénes han guiado a que esa persona se agachara, cogiera una piedra del suelo y la lanzara contra los obedientes que no dudan en agredir cuando reciben la orden adecuada.

La indignidad y la ilegitimidad no se encuentran en las calles. Las puedes encontrar en La Moncloa o en la calle Génova y, sí, en la calle de Ferraz. Y en las casas del barrio de Salamanca o de las urbanizaciones de lujo que apoyan a aquellos que violentan a todo un pueblo. También en aquellos que se acogen a la obediencia debida y que sostienen el aparato represivo del estado. Frente a esto, una protestas, como las del 22 de marzo, legítimas, necesarias, imprescindibles y dignas. Probablemente lo más digno que nos queda en este estado. 

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