Si se hace un balance de estos dos años de gobierno de Mariano Rajoy no puede ser más desolador. Las razones por las que se creó esta crisis y sus culpables están ocultos bajo la gestión de gobierno del Partido Popular. Casi nos hemos olvidado de ellos ante las continuas agresiones al pueblo. La estrategia de desprestigio y erosión de los servicios públicos se ha desarrollado ampliamente gracias a la aparición de la crisis financiera y económica, que ha servido como justificación de las medidas dirigidas contra la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esta estrategia se implementó a lo largo de los años, con gobiernos tanto del PSOE como del PP, con la aprobación de leyes que permitían la privatización de los servicios y empresas públicas, pero ha sido solo desde la aparición de la crisis cuando se ha avanzado en su aplicación de manera tan evidente para la opinión pública. En la Comunidad de Madrid el ataque a lo público ha sido liderado de manera inclemente por la lideresa, Esperanza Aguirre, y a pesar de ello el Partido Popular consiguió ganar las elecciones de manera abrumadora. Lo mismo ocurrió en la Comunidad Valenciana donde hay más políticos imputados y mezclados en casos de corrupción que los que no. La crisis ha servido para exponer pública y judicialmente a muchos de estos delincuentes pero, a su vez, ha acelerado el plan estratégico de las élites económicas españolas, de carácter profundamente neoliberal.
Mariano Rajoy, a pesar de los enfrentamientos con el ala más neoliberal del partido, liderado en la sombra por José María Aznar, ha seguido las directrices marcadas por la troika dirigidas a menoscabar los derechos de los trabajadores y a reducir lo público a su mínima expresión. La confrontación dentro del PP se circunscribe fundamentalmente a la lucha de poder, y por un quítame allá esas pajas en alguna de las medidas relacionadas con los impuestos, pero las políticas públicas del gobierno forman parte del ADN pepero. A pesar de que la mayoría de los dirigentes populares viven de forma holgada, gracias a nóminas y sobres que han recibido y reciben de las arcas públicas, no es extraño escuchar críticas a lo público por parte de políticos cuya vida laboral se ha desarrollado principalmente en la administración y en empresas públicas, en un ejercicio de entrismo que cualquier trotskista miraría admirado. En definitiva, las andanadas políticas y sociales del gobierno español, del Partido Popular y de la troika suponen que vivamos, en primera persona, lo que ya se ha vivido en países no muy lejanos: la pauperización de la clase trabajadora y la reducción de los derechos sociales y civiles. Es la tacherización del estado español (y también de los demás países europeos) o, dicho de otra manera, el fin del modelo social que ha caracterizado a Europa.
Pero no solo se produce un cambio en el modelo social, con menos derechos, más desigualdades y menos servicios públicos, sino que el gobierno de Rajoy ha aprovechado, en estos dos primeros años de legislatura, para introducir cambios de carácter moral que beben de las fuentes de la ideología nacional católica heredada del fascismo español y no cuestionada suficientemente en estos años de supuesta democracia. La ley del aborto, la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, las diatribas contra el matrimonio homosexual (que será una futura víctima de las políticas del gobierno) y la imposición del modelo de familia tradicional, el fortalecimiento del poder de la iglesia en la educación o la transmisión de valores nacionales y católicos a través de medios comunicación públicos, como con el programa Entre Todos de la desprestigiada Televisión Española, todo esto devuelve a la sociedad española a realidades vividas durante la dictadura y años posteriores a la transición, que se habían superado y que formaban parte de la memoria del estado, como las reivindicaciones por el derecho al aborto. Derechos que se habían conseguido, hoy vuelven a estar amenazados por el integrismo moral e ideológico de la derecha más incivilizada de Europa.
Estos dos años son la avanzadilla de un futuro con menos derechos y, también, con menos libertades. Un ejemplo de lo que es capaz de hacer un gobierno del Partido Popular en solo dos años de gobierno cuando el contexto les invita a aplicar, sin remilgos, su ideario político, social y moral. Un ejemplo de que la derecha española aún sigue siendo aquella derecha irreflexiva e irresponsable que impuso a la sociedad española una manera limitada, integrista y enfermiza de mirar el mundo. La respuesta de la sociedad debe ser contundente en defensa de la democratización y la defensa de los derechos sociales y civiles del pueblo. Salir de la mansedumbre a la que les ha condenado esta democracia representativa, que ha devenido en el gobierno de unos pocos para unos pocos. Saldar cuentas con la derecha incivilizada heredera de la derecha golpista y condenarla definitivamente a la memoria oscura de un pueblo, lejos de un escenario en el que la defensa de las libertades y el respeto a los derechos humanos prevalezcan. La defensa de la democracia (directa y participativa) es nuestro estímulo para luchar contra la oligarquía económica a la que representa el actual gobierno español.
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 