La democracia y la ley de Amnistía de 1977 no van de la mano

La Ley de Amnistía en España de 1977 se tiene que derogar porque impide el juicio de crímenes cometidos contra la humanidad, de carácter imprescriptible. Su permanencia no solo incumple la normativa internacional de derechos humanos sino también pervierte cualquier construcción real de la democracia. 

Es imposible la reconciliación si aquellos que forzaron la voluntad popular, torturaron, asesinaron y participaron en el mantenimiento de un clima de represión y falta de libertades, no sean juzgados y no aparezcan ante la historia como responsables y participantes de una dictadura cruenta. No es venganza ni rencor sino justicia. 

Los crímenes contra la humanidad no pueden ser borrados a través de una ley, que de alguna manera favorece que en el futuro cualquiera pueda excederse, maltratar y matar en vistas a que, en función de quiénes manejen el poder, se cree una ley que les absuelva.

Evidentemente no es lo mismo luchar contra la dictadura y ejercer la violencia contra las estructuras de un estado opresivo que participar en el mantenimiento de un sistema represivo y criminal. No se puede aplicar la misma ley porque la naturaleza de cada uno de ellos es diferente y aún así los que lucharon contra la dictadura ya pagaron con la cárcel, lo cual no ha tenido su contrapartida en aquellos que los torturaron, apalearon o asesinaron.

A corto plazo la ley sacó a miles de presos políticos de las cárceles y favoreció los acuerdos entre partidos, a partir de la concesión a la izquierda de una de sus pretensiones: sacar a su gente de la cárcel. A medio y largo plazo permitió que los responsables de torturas y muertes participaran en la construcción democrática y en instituciones y organismos públicos, en un ejercicio grotesco e intolerable.

En la actualidad se pueden observar las consecuencias de las decisiones que se tomaron en su momento sin tener en cuenta que el olvido y la ausencia de juicio no forman parte de los materiales necesarios para construir unas estructuras democráticas. Los mismos que se beneficiaron de las instituciones fascistas siguieron haciéndolo de las que se empezaron a construir y sus familias, siguieron teniendo los mismos privilegios de los que gozaron sus progenitores en una época de represión, torturas y asesinatos.

Muchas personas conciben la ley de Amnistía como una ley de reconciliación pero en realidad a algunas les ha servido para que sus familiares no sean juzgados por sus crímenes y, también, como bálsamo psicológico que les evite afrontar la realidad de que sus padres, abuelos o tíos fueron unos asesinos y unos torturadores o dieron cobertura a hechos criminales.

Muchas de esas personas, de naturaleza conservadora, también defienden la mano dura en las leyes, como el anteproyecto de ley ciudadana, que se castigue duramente a los que roban bancos, trafican con drogas o, simplemente, se las inyectan por la vena o acampan en una plaza como acción de protesta, pero, curiosamente, defienden que personas que han participado en hechos criminales tan graves como la tortura y el asesinato puedan vivir sus vidas sin ninguna consecuencia, amparándose en la obediencia debida o en el momento histórico, como si ambas fueran suficientes para absolverlos. 

Son los mismos que, ferozmente,  llaman asesina a Inés del Río, a pesar de que esta ha pasado más de 20 años en la cárcel, pero juzgan suavemente a los responsables del terrorismo de estado fascista, que solo pisaban las cárceles para pegar palizas a los detenidos políticos y sociales.

La derogación de esta ley se puede valorar en términos de salud democrática. La preeminencia de la interpretación y el análisis de lo que fue la dictadura, por parte de aquellos que la sustentaron y de muchos de sus herederos, es un indicador de lo lejos que aún estamos de vivir en una sociedad democrática. Acabar con esta ley es solo un paso más para poner a cada uno en su sitio a nivel histórico pero, sobre todo, es un paso más cerca de la democracia.

Franco no fue solo un autoritario. Fue un dictador que se apoyó en una represión cruenta para eliminar a aquellos que no cabían en su concepción totalizadora de este país. Y todos aquellos que lo apoyaron y llevaron a la práctica sus ideas son responsables al mismo nivel. Juzgarlos es moralmente necesario y democráticamente imprescindible. 

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