De víctimas, verdugos y la doctrina Parot entre otras cosas

No se pueden eliminar los conflictos. Forman parte de las relaciones humanas y de las relaciones entre gobiernos. Lo que nos distingue es la manera de afrontarlos y de resolverlos. La naturaleza de los gobiernos se hace visible en la forma en que intenta solucionar un conflicto político y social. La palabra democracia se ha vaciado tanto de contenido que aunque sea frecuentemente pronunciada se ignora su significado exacto. El gobierno español se autodenomina democrático pero no ha dudado en intentar resolver conflictos aprobando leyes que transgreden derechos básicos o llevando a cabo prácticas que violan derechos humanos. Los españoles han recibido mensajes contradictorios que se han presentado como parte lógica de un proceso, sin que se haya cuestionado la oposición entre un aspecto puramente nominal, como es ser una democracia, y aspectos prácticos que lo contradicen. Se ha asimilado un concepto de democracia en el que se tolera la violencia policial o, de forma concreta, la tortura en las comisarías. Si uno es presuntamente un etarra, gran parte de la sociedad ha entendido que el estado puede ejercer todo su poder intimidatorio en base a la lucha contra el terrorismo. Se ha considerado que la práctica de la tortura era un mal menor -y tolerable por ser aplicada a un terrorista- en comparación con los viles asesinatos cometidos por ETA. Las consecuencias que estas prácticas han tenido en el desarrollo de la democracia ni siquiera se han valorado. La lógica enfermiza de que por ser un terrorista puede ser torturado se ha impuesto en la sociedad. Se ha asimilado que la tortura es aceptable en determinados casos en los que se considere que la sociedad está en peligro. Los diferentes gobiernos españoles han apoyado desde el GAL hasta la teoría del entorno de Baltasar Garzón que ha permitido penalizar de facto la libertad de expresión y de reunión, pasando por la ley de partidos o la doctrina Parot. En este último caso ha tenido que ser un tribunal europeo el que enmendara las decisiones políticas y judiciales españolas. En el caso del GAL fue la lucha por el poder lo que permitió que fuera conocido por la opinión pública. No la justicia ni las convicciones democráticas. De hecho, la práctica soterrada de terrorismo de estado ha permanecido a costa de que la democracia se haya ido alejando progresivamente de las costas españolas. En definitiva, se ha forzado a la justicia y a la política a convertirse en cómplices de la violación de derechos fundamentales. Y muchos ciudadanos se han convertido en la extensión rígida de planteamientos extremos, fanáticos, simplistas y reaccionarios. Llamar asesino a las puertas de una prisión a una persona que ha pagado por sus delitos durante más de 20 años define a quién lo hace pero también a la sociedad que lo permite y lo justifica. El sistema los ha convertido en víctimas conscientes y en verdugos inconscientes sin que se den cuenta de la contradicción insana en la que les ha colocado la propaganda mediática y política con la que nos han bombardeado durante años. No tener la capacidad o la posibilidad de escapar de esta posición tan perturbadora es una condena eterna a seguir siendo un esclavo irreflexivo y acrítico del sistema.

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