Delincuentes en el gobierno de la Comunidad de Madrid

Ignacio González es un delincuente que preside un gobierno público. No es el primero y si siguen las cosas así no será el último. Este hecho también es un ejemplo de la precaria conciencia democrática de aquellos ciudadanos que respaldan a un delincuente para gestionar el bien público. La cosa pública solo les interesa para hacer negocio y la gestión de la educación y de la sanidad en la Comunidad de Madrid forma parte de un plan gradual de trasvase de la riqueza pública a manos privadas. Tan gradual que se permiten el argumento  de que solo se está privatizando la gestión de los hospitales para mejorar la atención sanitaria pero que el acceso de los ciudadanos sigue siendo gratuito. Argumento repetido por los dirigentes políticos del Partido Popular y por sus periodistas bienpagados, asiduos de las tertulias televisivas, a sabiendas de su falsedad y de la trampa argumental que hacen a los ciudadanos. Hacia dónde va la gestión de la sanidad, la educación y los Servicios Sociales se vislumbra desde hace años con la aparición en el escenario político madrileño de la condesa Esperanza Aguirre, de la que Ignacio González es su actual testaferro después de muchos años de comportarse como un esbirro de tres al cuarto. Su horizonte deseado es la privatización de los servicios públicos y para ello no han dudado en vilipendiarlos, degradarlos y hacer los cambios legislativos que les permita la introducción de lo privado en su gestión. Forma parte de un plan preconcebido en el que empresas y políticos sacan rédito económico a expensas de los ciudadanos. A pesar de que todo esto empieza a ser vox populi, la estrategia de la derecha política madrileña ha sido y es desacreditar la movilización social y política contra las medidas agresivas que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos como es el acceso gratuito y universal a la sanidad. Esta estrategia tampoco ha comenzado ahora sino que forma parte del plan, ya comentado, con el que se pretende desarticular la contestación social y la actividad sindical en las empresas públicas desde la criminalización de los manifestantes y de los sindicalistas. Lo cual es lógico porque para implantar sus medidas contra las personas se necesita neutralizar cualquier resistencia ciudadana. Desde esta lógica se entiende la cruzada liderada por Esperanza Aguirre contra los liberados o  contra las huelgas y protestas sociales de los empleados públicos. Siendo conscientes de la existencia de este plan delineado por la derecha económica y política en Madrid se hacen más visibles los comportamientos cínicos e incívicos de personajes como Ignacio González y compañía. Por eso Ignacio González es un delincuente por prevaricación. El cinismo del que sabe que sus medidas son injustas socialmente y atentan directamente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y aún así inicia una campaña de demonización contra las protestas sociales legítimas, dignas  y necesarias con el objetivo de neutralizarlas. En este contexto se entiende que González diga que hay “23.780 puestos de trabajo menos” por el “uso abusivo” de las protestas, que han hecho caer la riqueza de la región un 0,5%, que ha habido una caída de la producción madrileña de 1.748 millones de euros, de manera que si no se hubieran celebrado esos paros, el PIB regional habría crecido más de lo previsto y “tendríamos ahora un punto menos de paro”, que en épocas como la Navidad las ventas bajan cada día un 15% por estas causas, que cada jornada de huelga tiene un coste medio de 19,4 euros y que este año se han perdido en el sector público de la Comunidad 7,2 millones de horas de trabajo, lo que ha supuesto pérdidas superiores a 140 millones de euros, que “solo en paros y huelgas salvajes de Metro” la riqueza de la Comunidad se redujo este año en 234 millones de euros, lo que equivale a 3.916 empleos perdidos o acusar a los médicos de no querer hacer intervenciones quirúrgicas. González y el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty tratan a la comunidad sanitaria como si fueran estúpidos cuando afirman que los motivos en que se basa la huelga sanitaria son “falsos” o intentan satanizarlos con comentarios como que están “jugando con la salud de los madrileños”. Lo que menos les interesa es negociar, debatir y consultar con los expertos porque su objetivo no tiene que ver con mejorar la asistencia sanitaria pública sino con el reparto de beneficios de la gestión de la sanidad. Y si se tienen que llevar a la precaria democracia por delante no tendrán ningún reparo en hacerlo.

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