Unas pocas notas sobre el Congreso Internacional Contra la Represión (II)

Esta segunda jornada dio comienzo con Kristinn Hrafnsson, periodista islandés y representante de Wikileaks, que describió la criminalización que sufre Wikileaks por el gobierno y empresas de EE.UU. Un documento del Departamento de Defensa del año 2008 describía los planes de infiltrarse en la organización y la recopilación de información de activistas que permitieran su descrédito. Este documento se filtró en el año 2010. También se conoció que empresas estadounidenses dedicadas a la seguridad informática fueron utilizadas por el Banco de América para averiguar cómo atacar y destruir a la organización. A esto se une la criminalización desde los medios de comunicación y la política que se trataban a Wikileaks como ciberterroristas, criminales y una amenaza para EE.UU con la que había que acabar. Algunos colaboradores son acosados, detenidos o amenazados con penas de prisión. Entre los más mediáticos está Bradley Manning acusado de filtrar documentación a Wikileaks y reprimido y torturado en una prisión militar. Además la organización está sufriendo un bloqueo económico, por parte de visa, mastercard, paypal, Western Union y Banco de América, que ha supuesto una reducción del 95% de la financiación.  Hrafnsson señaló cómo se puede financiar a organizaciones del extrema derecha y racistas como el ku klux klan con Visa o Mastercard pero no a Wikileaks. Para luchar contra la corrupción y las acciones criminales del sector financiero solo cabe la movilización social.

Sharon Nuñez, cofundadora y coordinadora de Igualdad Animal, informó sobre la represión que está sufriendo el movimiento de derechos animales en España. A pesar de ser un movimiento de justicia social, que busca la ampliación de los derechos a los animales, Sharon Nuñez y once activistas de Igualdad Animal y Equanimal fueron detenidos en una operación con más de 200 guardias civiles y acusados de siete delitos: asociación ilícita, daños a la flora y fauna, amenazas, resistencia a la autoridad, allanamiento y revelación de secretos, todos ellos castigados con años de cárcel. La criminalización del movimiento de derechos animales se remonta al concepto de ecoterrorismo de Ron Arnold, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Libre Empresa, que se dedica a defender los intereses de las grandes empresas entre las que se encuentran aquellas que comercian y maltratan a los animales. Arnold presentaba las acciones de los movimientos sociales, especialmente ecologistas y defensores de los derechos animales, como violentos. Esto derivó en una legislación que criminalizó y encarceló a los activistas. En España es la industria peletera quien presiona a partir del año 2008 para que se reprima a los activistas participando en los juicios, emitiendo comunicados de prensa, desacreditando las acciones y pidiendo sanciones. A los activistas se les vigila y se les hace seguimientos, se les investiga en las redes sociales y sus correos electrónicos. Finalmente, toda esta operación acaba con la detención de los ya comentados doce activistas por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil, un grupo cuya misión es la lucha contra elementos terroristas y la ejecución de operaciones que entrañen gran riesgo y requieran una respuesta rápida. Los detenidos estuvieron incomunicados durante cinco días y tres de ellos pasaron un mes en prisión por orden de José Antonio Vázquez Taín, juez de instrucción número 2 de Santiago de Compostela. Vázquez Taín declara en la prensa que los detenidos son ecoterroristas, violando el derecho fundamental de la presunción de inocencia, y reconoce su vinculación familiar con la explotación animal. Las irregularidades en el proceso, como la negativa a que los acusados tuvieran acceso al sumario, llevó a la recusación del juez. Actualmente el caso se encuentra en proceso de instrucción y a espera del juicio.

Eduardo Rodríguez, profesor de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y cofundador de la Asociación para el Fomento de la Investigación Periodística, enumeró los factores represivos de la libertad de expresión en los grupos mediáticos españoles. Las líneas editoriales que se traducen en noticias alejadas de la información y hermanadas con la propaganda, la información institucional en los medios de bancos, empresas y gobiernos que implican vinculaciones económicas que condicionan el tratamiento informativo, los anunciantes que financian los medios en los que apenas aparecen críticas o noticias negativas sobre esos mismos anunciantes, los dueños y consejeros delegados, muchos de ellos con intereses en empresas difícilmente compatibles con la libertad de expresión del medio de comunicación, las entidades financieras y lo que, Rodríguez, llamó puertas giratorias en referencia a las relaciones entre la política y las empresas de perversa y tendenciosa influencia en los medios.

Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia, señaló el distanciamiento de la judicatura de la realidad social. Solo un 10% de los jueces están en JpD y el 90% son conservadores o muy conservadores, y de estos un tercio pertenece al Opus Dei. Aún así el juez Vidal se muestra optimista por el apoyo de 180 jueces al manifiesto contra el indulto concedido por el gobierno a cuatro mossos condenados por tortura o el informe de seis jueces del Consejo General del Poder Judicial que pedía reformar la Ley Hipotecaria para frenar los desahucios. Además considera que la acción de los movimientos sociales ha permitido que corruptos, como Díaz Ferrán, se encuentren ahora mismo encarcelados. Presenta tres propuestas concretas. La primera es presionar a las autoridades bancarias para que no ejecuten ninguna orden de pago hasta que no se produzca una reforma legislativa que pare las ejecuciones hipotecarias y procure una valoración de si los contratos son leoninos o no así como de la existencia de cláusulas abusivas. Esta reforma también evaluará los intereses de demora que actualmente están entre el 16,8 y el 29%, porcentajes que lo convierten en usura. A su vez el gobierno tendría que ofrecer una vivienda pública de alquiler social a aquellas personas que pierdan su vivienda. La segunda es exigir a los poderes públicos municipales que dispongan y administren el 10% de las viviendas construidas y no habitadas. La tercera seria continuar con las  Iniciativas Legislativas Populares (ILP). El juez Vidal propone una ILP que pida aprobar una ley que prohiba a los accionistas de entidades con déficit el reparto de beneficios hasta que ellos, y no el Estado, cubran ese déficit. Continuó con más propuestas como avanzar reformas legislativas que permitan el reparto de la carga de trabajo, que favorezca el acceso al trabajo de muchos de los desempleados, plantearse dejar de pagar la deuda externa, dedicar a la educación, la sanidad o la vivienda los recortes salariales, unificar el sistema fiscal europeo, modificar el sistema de elección de los jueces o cambiar todo el sistema judicial español en el que, por ejemplo, se vuelva a la justicia de proximidad o se fortalezcan los jurados populares. Finalizó remarcando que los movimientos sociales son imprescindibles para provocar los cambios necesarios.

Ines Herreros, fiscal y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, se centró en el control social como primera forma de represión. Herreros recordó que el sistema penal español es uno de los más duros de Europa. Las formas de control social son muy variadas. El trabajo precario, las ciudades que fomentan el individualismo, las infraestructuras construidas que son utilizadas preferentemente por las clases pudientes, la implantación de las tasas judiciales que implican una justicia para ricos pero pagada por toda la ciudadanía, la publicidad y el sometimiento a los estímulos de las marcas, la amnistía fiscal, el alcohol, la deslocalización de las empresas o el euro, sobre el que ni siquiera se puede debatir si es mejor salirse o no.

Carlos Sánchez Almeida, abogado y ciberactivista, habló de la criminalización de las nuevas formas de activismo en el Código Penal como Internet que ha provocado los intentos legislativos de controlar la red por parte de los inquisidores encapuchados. Denuncia la prevaricación que se comete desde la Delegación de Gobierno de Madrid con sus multas e identificaciones masivas. Afirma que la resistencia pasiva no puede ser nunca criminalizada aunque el gobierno quiera penalizar toda forma de resistencia. Ante estos intentos de criminalización es necesaria la unión. Considera que la reforma constitucional de 2011 cercenó la constitución de manera irrecuperable por lo que es necesario iniciar un nuevo proceso constituyente. Denuncia que se está deconstruyendo el estado social por lo que es necesario luchar contra su destrucción así como un gran pacto entre los ciudadanos (no con los partidos políticos). Finalizó con un categórico ¡tenemos que ganarles!.

Hubo más. La ponencia del activista ecologista y de los derechos alemanes, Martin Balluch, a la que no pude asistir, y las mesas redondas sobre derecho, periodismo y activismo que se celebraron durante la tarde del viernes, 7 de diciembre. Hubo tiempo para recordar a Ester Quintana al igual que el jueves se pidió la libertad de Alfon. Este primer Congreso Internacional Contra la Represión, organizado por Igualdad Animal, ha sido un espacio inmejorable para la reflexión sobre la realidad española y la represión sobre los movimientos sociales en el Estado Español o en países como Austria, Estados Unidos, Siria, Palestina o el Sahara Occidental y el contacto con otros colectivos que luchan, cada uno en su ámbito, por la justicia social, ya sea por los derechos humanos o por los derechos de los animales. Quizás el próximo año habrá una segunda edición. Sería una muy buena idea.

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