Si la justicia funcionara

Si la justicia funcionara correctamente, ¿cuántos alcaldes, concejales, asesores, secretarios generales, técnicos de urbanismo, presidentes de diputaciones provinciales, presidentes de comunidades autónomas, vicepresidentes, directores generales, subdirectores generales, consejeros, senadores, diputados, ministros o presidentes del gobierno de España estarían en la cárcel? Seguramente el número sería tan grande que sacaría los colores a esta democracia de boquilla. Durante años se ha tolerado el robo indiscriminado y conocido, para más inri, por los ciudadanos como en Marbella o en Castellón, donde delincuentes de cuello blanco se han dedicado a enriquecerse sin ningún pudor. En este país, donde la picaresca se ha entronizado como patrimonio nacional, se ha elogiado y admirado a delincuentes, se les ha defendido y justificado a pesar de saber que han robado. ¿Quién no lo haría si pudiera? ¿Cuántos de nosotros no meteríamos la mano en la saca pública o cobraríamos bajo cuerda unas comisiones suntuosas? Es que si no lo haces eres tonto porque todos lo hacen, dirían algunos. Para muchos ciudadanos es mayor delito robar un bolso que cometer fraude a hacienda, que especular en bolsa y hundir empresas o gobiernos, que mentir sobre el estado de la contaminación en Madrid y trampear las estaciones de medición, que meter a un país en una guerra ilegal o que permitir que instituciones no elegidas por los ciudadanos tomen decisiones y gobiernen un país. Todo esto es justificable y defendible y sus autores se marchan de rositas, fortaleciendo la sensación de que todo vale y que no hay responsabilidad alguna. El mero hecho de tener un puesto de responsabilidad es suficiente para que muchos tomen decisiones a sabiendas de que son injustas. Alguno dirá que no es lo habitual pero la realidad ofrece cientos de ejemplos en todo el estado español. En un país democrático los responsables del GAL no tendrían ninguna autorización moral y política para hablar sobre cuestiones nacionales ni aquellos que decidieron que España participara en la guerra de Iraq y en Afghanistan ni aquellos que mintieron para sacar réditos electorales ante el mayor ataque terrorista sufrido en este país. Pero esto no ocurre, ni de lejos. Trillo a pesar de lo ocurrido con el Yak-42  sigue de diputado y fue responsable de justicia del Partido Popular en la anterior legislatura, para mayor burla de las víctimas de este accidente. Incluso tenemos como presidente de España a un señor que mintió en la catástrofe del prestige, que fue cómplice necesario en la mentira que diseño el PP sobre el 11M, cuya conspiranoia se encargó el mismo de alimentar durante años. No es que tomara decisiones pensando que eran adecuadas y justas sino que las tomó sabiendo que eran mentira. Aún así, ahí le tenemos, escondido en La Moncloa mientras su vicepresidenta va desgranando las medidas anticiudadanas y contrademocracia que nos tienen preparadas. Todo vale. Para muchos, tener un cargo público sirve para decir y decidir lo que a uno le da la gana. Si el cielo es azul, digo que es verde. Si la tierra es redonda, digo que es cuadrada. Pueden acabar con la educación y la sanidad pública, vender empresas públicas, acabar con los derechos de los trabajadores, precarizar al ciudadano con la creencia de que no les pasará nada. Esa es su seguridad.

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