Pues nada, ya tenemos prórroga del estado de alarma hasta el 15 de enero. El papel de los grupos parlamentarios en el teatro del congreso ha sido el previsible. El PSOE y sus socios coyunturales CIU, CC y PNV, con sus razones inventadas y exageradas, más la impostada posición abstencionista del PP, que en la práctica es un apoyo escondido a la medida, permiten la continuidad del estado de alarma en un país sin alarma, a no ser que tengamos en cuenta la que provoca en algunos ciudadanos la cercana reforma de las pensiones y la aprobada reforma laboral así como la ausencia de una reforma financiera y de medidas reales dirigidas a remediar las causas de la crisis económicas. El estado de alarma injustificado permite la consideración de esta excepcionalidad como algo natural, ya que en la vida cotidiana de los ciudadanos no tiene efecto alguno, lo cual permite y permitirá en el futuro una mayor aceptación. A su vez, la normalidad en los aeropuertos puede ser achacada a la existencia de alarma cuando la realidad es que lo habitual es que esta normalidad exista, más allá de lo ocurrido en el puntual conflicto laboral con los controladores aéreos. Esta normalidad y el nulo efecto en la vida cotidiana permitirá la aceptación de los ciudadanos de esta excepcionalidad, si el gobierno decide ante cualquier otra situación su aplicación, acompañada de la escenificación teatral necesaria para convertir, como en este caso, un conflicto puntual en una cuestión de estado que atenta contra los derechos de los ciudadanos.
La capacidad de maniobra del gobierno aumenta en estos estados excepcionales ya que permite también tomar decisiones excepcionales o realizar acciones que en una situación normal conllevaría una contestación y una sanción social. También puede utilizarse como una cortina que oculte otros intereses más esenciales que distraigan la atención de los ciudadanos. En definitiva, es un deseable escenario para los gobiernos y lesivo para los ciudadanos, por conducir a la restricción de derechos básicos así como a la aplicación de medidas contrarias a sus intereses. No soy de los que creen que los gobiernos actúan en función de los intereses de los ciudadanos. Sería lo adecuado, por supuesto, pero desgraciadamente las decisiones importantes son tomadas en función de intereses ajenos. Esas decisiones tienen que ver fundamentalmente con la economía y los efectos de las mismas apuntalan los privilegios de la élite y del capital, y en muchas ocasiones tienen una naturaleza global y sistémica que ciertamente superan las competencias de los gobiernos. En este caso, lo que hay detrás de la decisión del congreso de mantener el estado de alarma así como el conflicto con los controladores aéreos, avivado como si fuera un pirómano por el ministro José Blanco, está la futura semiprivatización de los aeropuertos españoles. La desarticulación de un fuerte y unido colectivo de trabajadores así como la fractura interesada de la clase trabajadora en dos bloques, los privilegiados y los nos privilegiados, son dos de las estrategias utilizadas para allanar el camino e implantar las condiciones necesarias de cara a facilitar un aterrizaje suave de las innecesarias medidas privatizadoras. La reacción indignada del gobierno forma parte de la distractora escenificación teatral que permite la manipulación de la percepción ciudadana. Habría que contar todas las veces que el ministro de fomento ha pronunciado las palabras chantajistas y sabotaje. La construcción de sus discursos ha partido de estas dos palabras manipuladoras que tienen un efecto psicológico evidente en los ciudadanos. Y de esto, el ministro y el gobierno son plenamente conscientes y, por tanto, la credibilidad sobre la honradez de sus medidas y de su actuación muy cuestionable. Al menos yo no les creo.
El Kaleidoskopio de Gabalaui KdG 