Los militares controlan el espacio aéreo del estado español. Se ha cedido al ejército, el control y la autoridad de los aeropuertos civiles (Barajas, Barcelona, Sevilla y Canarias) lo cual no parece que importe ante la actuación de los controladores, a los cuales se les amenaza con la posibilidad de 8 años de cárcel por un delito de sedición. Parece que cualquier cosa es posible con este gobierno.