El gobierno de unos pocos

¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa? Esta fue la pregunta del referéndum sobre la constitución europea celebrado en el año 2005. De 14.204.663 votantes, 10.804.464 votaron que sí. Apenas tenían información sobre el tratado, no se lo habían leído ni conocían su contenido. Pero votaron que sí. El partido en el gobierno, el PSOE, y la oposición del Partido Popular hicieron campaña en favor del sí y los medios de comunicación se conjuraron para que saliera este resultado. No ofrecieron grandes argumentos ni analizaron críticamente el tratado, no se debatió ni se deliberó sobre su idoneidad, sus debilidades o fortalezas. Lo único que dijeron es que había que votar que sí porque lo contrario era votar contra la idea de Europa y suponía alinearse con los ultras y antisistema europeos que querían destruir lo construido hasta el momento. Josep Borrell fue uno de los encargados de elaborar el proyecto de la constitución y defendió en campaña su aprobación además de ser presidente del Parlamento Europeo, gracias al acuerdo entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo. A pesar de que Borrell tenía los conocimientos necesarios para explicar y argumentar a favor de la constitución se apuntó a lo que parece que era el argumentario de los partidarios del sí: si votas que no, eres antieuropeísta y ultra.

Este hecho ilumina varios elementos que cuestionan la existencia de una democracia en el estado español y afirman la existencia de un sistema oligárquico. Uno de ellos tiene que ver con la convocatoria de un referéndum. Se supone que el propósito es que el pueblo pueda decidir sobre un asunto que le concierne, ya que afecta a su vida social, política y económica. Para decidir se necesita tener información clara, concreta y útil, tener acceso libre y gratuito al texto de la constitución y poder deliberar sobre su idoneidad. Nada de esto se produjo. El referéndum fue convocado por el partido en el gobierno sabiendo que lo iban a ganar y para asegurarse limitó el debate y la deliberación, restringió la información y no facilitó el acceso al texto completo de la constitución. Elaboró una versión resumida que podía ser recogida en distintos lugares de la administración del estado, es decir, lo dejaron a la voluntad de quien tuviera tiempo e interés por conocerla. Por supuesto que los partidos de gobierno son conocedores de la pasividad y la acomodación de gran parte de la población. ¿Qué sentido tiene convocar un referéndum si no se va a dar información necesaria sobre lo que se quiere aprobar? Aquí entramos en el terreno de las apariencias. Ante una población desinformada, que se moviliza en función de los partidos y no de las ideas, la celebración de un referéndum es solo un espejismo de acción democrática. Una manera de autojustificarse.

El ejercicio de la democracia implica tener información y poder decidir. No significa saber sobre todo lo que uno puede decidir sino tener la información necesaria para poder decidir. Los sistemas oligárquicos limitan o ocultan esa información porque el pueblo no decide. Las decisiones se toman en los despachos. Las toman pequeños grupos que se pueden organizar en forma de partidos, o formar parte de las élites económicas y políticas. El Partido Popular, por ejemplo, no se estructura de forma democrática. Las decisiones son tomadas por un pequeño número de miembros y el resto las asume y defiende. El poder puede inclinarse, en determinados momentos, hacia otras personas pero al final las características permanecen. Son grupos pequeños los que toman decisiones. Así funciona el PSOE, Podemos y cualquier otro partido político. Difieren en la manera de contarlo. Mantener al pueblo desinformado es necesario ya que incluir el factor pueblo es un riesgo. Así los debates se centran en lo anecdótico y se disfrazan de histrionismo. Borrell, que actualmente se ha convertido en una estrella que ilumina la democracia para los españolistas, fue una herramienta de desinformación que se dedicó a participar en los debates para despreciar la opción del no y criminalizar a sus defensores. Se pueden llamar Borrell, Hernando, Levy, Arrimadas o García Albiol. Todos ellos son gladiadores de la oligarquía que se disfraza de democracia.

El sistema representativo consiste en delegar tu poder de decisión en otro. Si la democracia consiste en la capacidad de decidir en el ámbito público, la delegación de esa capacidad implica una acción antidemocrática. Cuando votamos a unos representantes, estos trasladarán la toma de decisiones al ámbito privado. Decisiones que afectan a nuestra vida y que, en muchos casos, son irreversibles. En el estado español hay millones de personas que delegan su voto y aún así consideran que viven en un estado democrático porque pueden votar en determinados momentos. Los militantes pesoistas votaron a José Luis Rodríguez Zapatero y este decidió reformar el artículo 135 de la constitución española con el apoyo del Partido Popular. Nadie les consultó. Zapatero hizo lo que él creía correcto. Fue su decisión. La de una persona (o grupo pequeño de personas) que tiene poder sobre la vida de millones. En esto consiste la oligarquía. El gobierno de unos pocos sobre la mayoría. Las elecciones y  los parlamentos son el disfraz que oculta esta realidad, apoyado por la labor de los medios de comunicación que enmarcan los hechos, de manera muy eficaz, en el sentido que interesa a las élites que detentan el poder. Nos hablan de democracia cuando lo que están defendiendo son las decisiones de un gobierno o un partido que solo se representan a sí mismos.

Cualquier acontecimiento que desafíe esta realidad es digno de atención y análisis. Se llame 15M o independencia catalana. Una parte de la sociedad comienza a darse cuenta de que no pueden decidir más que lo que les dejan. Comienzan a entender que hay aspectos que afectan a su vida sobre la que no tienen control. Lo que está sucediendo en Catalunya es una enmienda al sistema tan seria que el estado ha reaccionado encarcelando a las caras más visibles del desafío. Pretenden que creamos que lo que ocurre es producto de unos cuantos políticos irresponsables obviando los al menos dos millones de apoyos que los sostienen. Este factor pueblo es lo que convierte esta situación en riesgosa para el estado. No son ajenos a este peligro y no les importa conjurarlo movilizando a otra parte del pueblo contra ellos. Esa parte que llaman mayoría silenciosa y que grita a favor de la [pseudo] democracia que los esclaviza. No hay nada que tema más la oligarquía que el pueblo informado y activo por eso sus esfuerzos van dirigidos a mantenerlo desinformado y pasivo. Y si no, represión y cárcel. Este funcionamiento es evidente que no tiene que ver con la democracia. La lucha por decidir qué sistema político queremos o formar parte del estado español, sí.

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