¡Rebélate!

Por Vicenç Navarro

Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España. La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.

Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.


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