La tortura, las fuerzas de seguridad y el gobierno español

4 guardias civiles del Grupo de Acción Rápida (GAR) han sido condenados por torturas a 2 detenidos. Insultos, amenazas, golpes, sumergimientos en agua…supongo que a algun@ esta noticia le habrá sorprendido pero desgraciadamente es más habitual de lo que parece, lo cual resulta especialmente preocupante por la ausencia de denuncia e investigación de los medios de comunicación así como la inoperancia de los diferentes gobiernos que ha tenido este país, los cuales han hecho caso omiso a los informes que periódicamente denunciaban la existencia de torturas cometidas por funcionarios del estado.

Destaco del último informe de Amnistía Internacional de 2010, en referencia a España (a partir de pag. 179), los siguientes extractos:

“Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque su número disminuyó, según informes, en las comisarías de policía donde se habían instalado sistemas de circuito cerrado de televisión (sólo en Catalunya)”.

“Las autoridades siguieron aplicando el régimen de incomunicación a personas detenidas pese a los reiterados llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para que esta práctica fuera abolida”.

“El informe anual de la Fiscalía General del Estado reveló que durante el año se habían presentado más de 230 denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.

“En junio, 3 agentes de policía acusados de infligir malos tratos a un detenido en marzo de 2007 en la comisaría de la policía autonómica catalana de Les Corts, en Barcelona, fueron declarados culpables de una falta de lesiones y condenados a pagar una multa de 600 euros. Un cuarto agente imputado fue absuelto”.

En Catalunya a raíz de la aparición de videos en los que se agredía a los detenidos en las comisarías decidieron instalar en 2008 circuitos cerrados de televisión, lo cual redujo en un 40% las denuncias de malos tratos y ninguna de ellas en comisarías, según informa AI. La aparición de estos videos-denuncia fue lo que motivó esta medida y no el hecho conocido de existencia de malos tratos. La Policía Nacional y la Guardia Civil no han implementado esta medida.

Evidentemente los malos tratos no son cometidos por todos los miembros de las fuerzas de seguridad. De hecho, gracias a la existencia de funcionarios contrarios a esas prácticas podemos tener acceso, por ejemplo, a imágenes grabadas dentro de las comisarias. Ahora, lo grave es que conociendo los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, el ministro de Interior y el gobierno de España la existencia de torturas y malos tratos no se tomen medidas eficaces para preservar los derechos básicos de los detenidos, sean de la naturaleza que sean. Durante años se ha hecho caso omiso a las recomendaciones que desde organizaciones de derechos humanos se han dado al gobierno español. Más de uno tiene la conciencia manchada por no haber movido un dedo contra estas acciones. No en vano, en este país tenemos el antecedente del GAL, nuestro particular terrorismo de estado democrático, cuyas acciones, por otra parte, eran aplaudidas y apoyadas por un sector de la población que consideraba que a los integrantes de ETA como mínimo torturarlos.

Esta no es la primera condena a funcionarios del estado que cometen torturas y malos tratos en claro e intolerable abuso de poder pero, ¿cuántas harán falta para que el gobierno se comprometa realmente con los derechos humanos más allá de la retórica vacía de sus palabras?

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